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Última actualización: 25 de agosto de 2026.
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Esos importes son una referencia orientativa que permite al cliente saber de antemano lo que cuesta cada servicio. No son una oferta contractual: el encargo se formaliza con el presupuesto que el Despacho emite por escrito para el caso concreto y que el cliente acepta. En caso de discrepancia entre lo publicado en cualquier página del sitio y la Carta de servicios vigente, prevalece la Carta.
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Con qué finalidad se tratan. Atender la consulta o la solicitud que usted formula; preparar el presupuesto y, en su caso, formalizar el encargo; prestar los servicios jurídicos contratados, incluida la representación y defensa ante juzgados, tribunales y administraciones; llevar la facturación y la contabilidad; y cumplir las obligaciones legales que pesan sobre el Despacho.
Sobre qué base jurídica. La ejecución del contrato de servicios o de las medidas precontractuales solicitadas por usted (artículo 6.1.b del Reglamento General de Protección de Datos); el cumplimiento de obligaciones legales, entre ellas las fiscales, las mercantiles y las derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (artículo 6.1.c); el interés legítimo del Despacho en responder a quien le escribe y en defender sus propios derechos (artículo 6.1.f); y su consentimiento cuando se le pide expresamente (artículo 6.1.a).
Qué datos. Los identificativos y de contacto, los económicos y de facturación, y los que resulten necesarios para el asunto encomendado. Un encargo jurídico puede llevar consigo datos de categoría especial, como los de salud en una reclamación de daños, y datos relativos a infracciones y condenas penales (artículos 9 y 10 del Reglamento General de Protección de Datos y artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018): se tratan al amparo de la formulación, el ejercicio y la defensa de reclamaciones.
A quién se comunican. A juzgados, tribunales, administraciones públicas y registros, cuando el asunto lo exige; a procuradores, peritos, notarios y abogados colaboradores que intervengan en él; a entidades bancarias, para el cobro; a la asesoría fiscal y contable del Despacho; y a los proveedores tecnológicos que prestan servicio al Despacho como encargados del tratamiento, con contrato firmado. Fuera de esos casos, no se ceden datos a terceros ni se venden en ningún caso.
Transferencias internacionales. El correo electrónico y el almacenamiento documental del Despacho se prestan sobre servicios de Google (Google Workspace) y la web se sirve desde la red de Cloudflare, ambas con proveedor establecido en la Unión Europea y con las garantías previstas en el capítulo V del Reglamento General de Protección de Datos, incluidas las cláusulas contractuales tipo y el Marco de Privacidad de Datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
Cuánto tiempo se conservan. Mientras dure la relación y, después, bloqueados, durante los plazos de prescripción de las acciones que puedan derivarse de ella y durante los que imponen las obligaciones fiscales, contables y de prevención del blanqueo de capitales. La documentación del asunto se custodia además conforme al deber profesional del abogado.
Sus derechos. Puede pedir el acceso a sus datos, su rectificación, su supresión, la limitación del tratamiento, la portabilidad y la oposición, y retirar el consentimiento que haya prestado, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento anterior. Basta con escribir a info@valenzuela.legal o a la dirección postal del Despacho, indicando el derecho que ejercita y acreditando su identidad. Si entiende que su solicitud no ha sido atendida, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es), c/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid.
Ni perfiles ni decisiones automatizadas. El Despacho no elabora perfiles ni adopta decisiones que le afecten basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos.
Secreto profesional. Con independencia de todo lo anterior, cuanto usted confía al Despacho está amparado por el deber de secreto profesional del abogado (artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 21 del Estatuto General de la Abogacía Española), que va más allá de la normativa de protección de datos y no se extingue con el fin del encargo.
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Cualquier queja o reclamación puede dirigirse directamente al Despacho, en info@valenzuela.legal, y se atenderá por escrito. Sin perjuicio de ello, el usuario puede acudir al servicio de atención al ciudadano y a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y el usuario que tenga la condición de consumidor puede además dirigirse a los organismos de consumo competentes.
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Antes de acudir a los tribunales conviene recordar que, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, acudir a un medio adecuado de solución de controversias es requisito de procedibilidad para la mayoría de los asuntos civiles y mercantiles.